La ministra de Salud, María Julia Muñoz, acompañó con su firma el veto presidencial. Organizaciones anti-aborto salieron a festejar la noticia.
La ley incluye la despenalización del aborto durante las 12 primeras semanas de gestación por cicunstancias derivadas de las condiciones en que se desarrolló la concepción, "de penuria económica, sociales, familiares o etáreas". La Iglesia católica hizo conocer su fuerte rechazo y en su asamblea plenaria decidió apartar de la comunión a los legisladores que la habían respaldado.
Si existiera voluntad por parte del Legislativo de levantar la observación presidencial, se requerirán 3/5 de componentes de cada Cámara reunidos en Asamblea General, es decir al menos 18 senadores y 60 diputados, algo muy difícil de obtener. En Uruguay se estima que anualmente se realizan 33 mil abortos y que esa intervención, en condiciones clandestinas, es la primera causa de muerte materna.
